Fútbol, impuestos y otras impudicias - Fernando Ónega
Solo nos falta que la burbuja del fútbol nos reviente entre las manos, como la inmobiliaria. Pero que nadie se asuste: no va a ocurrir. Conozco ciudadanos que pagan dos mil euros anuales por un abono de un club de Madrid y se pasan el año lloriqueando por lo que cuestan los libros de texto de sus hijos, que suponen el 10 % de su afición futbolística. Hay gentes que dicen tener dificultades para llegar a fin de mes, pero se las apañan para acompañar a su equipo a algún partido internacional. Y hay decenas de miles de aficionados dispuestos a prescindir de multitud de caprichos antes que perderse un partido de su equipo del alma. Esa es la grandeza del deporte rey, que hace que sea una de las pocas actividades que apenas han notado los efectos de la crisis. Tendría que producirse un cataclismo para que pinche esa burbuja. Y sería un cataclismo para los aficionados que esa burbuja pinchase. Seguramente la paz social dependa de la salud del fútbol.
Por eso la sociedad recibió con un escalofrío la noticia de la investigación abierta por Bruselas por ayudas públicas ilegales. Por eso el comisario Joaquín Almunia estuvo a punto de ser declarado enemigo público y no me extrañaría que lo sea cuando ahora concrete las acusaciones que se hacen desde su comisaría a siete clubes deportivos españoles. Por eso la noticia desplazó del primer plano a la tensión catalana y otros acontecimientos nacionales. Por eso se suceden en los medios informativos expresiones como «cerco a la Liga» o «jaque al fútbol». Y por eso el ministro Margallo introduce el fútbol entre los valores nacionales de la marca España y utiliza un lenguaje épico: «El Gobierno va a dar la batalla hasta el final». ¿Es la guerra? Vamos a matizar. No es ninguna ilegalidad que algunos equipos se hayan escabullido de su conversión en sociedades anónimas, aunque paguen menos impuestos, porque eso está en la ley. Más impresentable es que la Comunidad Valenciana, la misma que asegura que tuvo que elegir entre hospitales y televisión, aparezca avalando y pagando créditos de equipos de la región. Muy indecente sería que hubiera habido tráfico de influencias en la permuta de terrenos en la Comunidad de Madrid, porque, si fuese cierto, no tendría que intervenir Bruselas, sino la Fiscalía Anticorrupción. Y espero que la comisaría del señor Almunia diga algo sobre las deudas a la Hacienda pública porque, según los datos disponibles, ascienden a 620 millones de euros. No hace falta hacer demagogia para comparar: un número indeterminado de ciudadanos han sido y están siendo literalmente desposeídos de sus bienes por dificultades para cumplir con el fisco, y el fútbol tiene patente de corso. Eso sí que es ilegal.
