Suiza, el paraíso perdido - Casimiro García Abadillo
Suiza ya no es un lugar seguro para los evasores fiscales. Si Luis Bárcenas tuviera ahora que poner a buen recaudo su enorme fortuna, debería buscar refugio en Gibraltar o en Mónaco, aunque en estas plazas financieras, que pujan por quedarse con una parte del pastel del país helvético, sólo podría practicar el esquí acuático.
De forma sorprendente, los bancos suizos se han convertido en aliados de la Hacienda española en la tarea de levantar las alfombras para localizar las grandes bolsas de dinero negro que engordaron durante los años del boom.
Fuentes solventes apuntan que el dinero español (incluyendo cuentas y todo tipo de activos financieros) depositado en entidades de Suiza alcanzó en 2012 los 100.000 millones de euros (el 10% del PIB español). En su mayor parte, ese dinero no habría sido declarado a Hacienda. Aunque una gran parte se ha regularizado, la mayoría de esa suma sigue depositada en bancos suizos «por motivos de seguridad», acentuados tras la crisis de Chipre, señala una fuente.
La regularización extraordinaria o amnistía fiscal llevada a cabo por el Gobierno afloró 40.000 millones de dinero negro.
Sin embargo, esa cifra se elevará sensiblemente ante la enorme cantidad de personas y empresas que están regularizando en las últimas semanas por la vía ordinaria, según fuentes del Ministerio de Hacienda.
¿Por qué tanta gente está optando ahora por ponerse a bien con el Fisco? En primer lugar, porque las multas (ley de lucha contra el fraude del pasado 31 de octubre) se han endurecido, al igual que las penas que contempla el Código Penal para los delincuentes fiscales (de dos a seis años con plazo de prescripción de 10 años en lugar de cinco).
Pero, al mismo tiempo, porque los clientes opacos han sufrido el acoso de las propias entidades, que han puesto en práctica políticas que priorizan el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
En UBS –que junto a Crédit Suisse representa el 50% del sistema financiero suizo– el objetivo es que en enero de 2014 no quede ni una sola cuenta cuyo propietario no haya declarado sus fondos a la hacienda de su país de origen.
Por su parte, Crédit Suisse ha puesto en práctica un código de conducta que prohíbe «desarrollar actividades con clientes cuyo objetivo sea incumplir sus obligaciones fiscales».
Otro importante banco suizo, Julius Baer, no permite abrir cuentas a españoles desde el pasado mes de octubre si el cliente previamente no presenta un documento que acredite que la información ha sido facilitada al Banco de España.
Según afirma un abogado experto en asesoría fiscal, «los propios bancos están remitiendo cartas en castellano a sus clientes para que declaren antes del 30 de abril».
En efecto, el próximo martes vence el plazo para informar a Hacienda sobre las cuentas y bienes en el extranjero de los residentes en España. El modelo 720 de Hacienda (en el que hay que consignar las cuentas por encima de 50.000 euros) está incrementando el número de declaraciones complementarias.
Ese cambio radical en la actitud de la banca suiza tuvo su punto de inflexión el pasado 1 de febrero, cuando el Consejo Federal helvético decidió facilitar datos sobre cuentas bancarias a los países que los soliciten y que hayan firmado el Acuerdo para Evitar la Doble Imposición.
Suiza comenzó a virar sobre todo a partir de un conflicto generado por la petición de información del Gobierno de Estados Unidos precisamente al banco UBS. El Gobierno helvético firmó un acuerdo bilateral con EEUU, pero luego las presiones de Bruselas y de la OCDE llevaron al establecimiento de la nueva legislación, en la que el secreto bancario sólo es sagrado si no se invoca para ocultar delitos.
Una fuente de uno de los mayores bancos suizos apunta: «El mayor riesgo de la banca ahora es el riesgo reputacional. Los bancos suizos no pueden seguir dando la imagen de que sirven de refugio a dictadores, narcotraficantes y políticos corruptos».
Por otra parte, esa actitud de mayor colaboración de las entidades tiene también su vertiente judicial. Hasta hace poco tiempo, las comisiones rogatorias que se remitían desde España a Suiza sufrían todo tipo de trabas, dado que los jueces helvéticos se niegan a dar información si el motivo de la petición es exclusivamente la investigación de delitos fiscales.
Como reconoce el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, esa forma de proceder ha cambiado para bien. La actitud del juez, que ha viajado varias veces a Suiza, y el cambio de clima respecto a primar el esclarecimiento de los delitos sobre el secreto bancario, ha propiciado que se haya remitido a España la comisión con los datos de Bárcenas, lo que ha provocado terremoto político en el PP.
De todas formas, aún quedan otras 16 comisiones rogatorias solicitadas a Suiza, la mayoría relacionadas con el sumario de Gürtel.
¿Significa ésto que los delincuentes de cuello blanco tienen cerradas las vías para ocultar sus inconfesables fortunas?
No. Como reconoce el propio presidente de la Audiencia Nacional, además de las comisiones rogatorias remitidas a Suiza, hay otras 18 en marcha reclamando información a paraísos fiscales, como Islas Caimán, Jersey, etcétera. Esos reductos no tienen interés en colaborar con la Justicia. Su reputación consiste en su capacidad para resistirse a las peticiones de los tribunales que investigan delitos de sus clientes.
Según fuentes financieras, tras la regularización extraordinaria, y después de la avalancha de declaraciones complementarias que se está produciendo estos días, aún quedarán unos 30.000 millones de euros por aflorar que han huido en busca de escondites más seguros.
La lucha contra el fraude debe ser una de las prioridades del Gobierno. Cuando el país acumula más de seis millones de parados y la recuperación económica se aleja hasta 2016, no se puede consentir que un puñado de evasores siga burlándose de los que, pese a todo, cumplen con sus obligaciones.
En 2012 había en Suiza 100.000 millones de españoles, la mayoría sin declarar a Hacienda
Gran parte de ese dinero español permanece en Suiza por seguridad, por miedo al «corralito»
