Contra el chantaje de los sindicatos - Luis María Ansón
TRAS los últimos escándalos que han zarandeado al PSOE con los eres andaluces; a CiU, con las suculentas mordidas del 4% y el espionaje; al PP, con los manejos de Bárcenas, se vislumbran ya nuevas revelaciones que colocarán a CCOO y UGT en la picota.
Tal vez no haya en España un político capaz de poner el cascabel al gato sindical. Pero que yo sepa, están ya en marcha tres equipos de investigación periodística. Y tal vez sea, una vez más, un profesional de la información quien denuncie los abusos sindicales. España tuvo la suerte de contar durante la Transición con dos líderes de excepción: el inolvidado Marcelino Camacho y Nicolás Redondo, que construyeron unos sindicatos ejemplares, al servicio de los trabajadores. Ahora las dos grandes centrales sindicales se han convertido en un negocio. Están antes que nada al servicio de los intereses de los propios sindicatos y no de los trabajadores. De ahí la hemorragia de afiliados que padecen, de ahí el descrédito creciente que les sacude ante la opinión pública.
El 90% de los gastos sindicales, del despilfarro de UGT y CCOO, se paga con dinero público, es decir con los impuestos que satisfacen los ciudadanos. El Tribunal de Cuentas ha exigido inútilmente conocer hasta el último céntimo las cifras reales de los sindicatos. El españolito que paga el 90% de lo que gastan quiere conocer el número de empleados, asesores y colaboradores fijos, los parientes, amiguetes y paniaguados de los líderes sindicales, enchufados en las centrales o en las empresas que han puesto en marcha; quiere saber también el contribuyente, de cuántos edificios y oficinas disponen los sindicatos en España y qué cuesta su mantenimiento, su seguridad, su limpieza, su amortización, su electricidad, su agua, su calefacción, su aire acondicionado y sus teléfonos, así como la parafernalia de los viajes, los actos de propaganda, las incesantes manifestaciones; quiere saber también el ciudadano que paga los derroches sindicales, el número real de las subvenciones directas o indirectas que reciben de las cuatro Administraciones, la central, la autonómica, la provincial y la municipal; quiere saber, en fin, en qué y cómo se gastan esos 130.000 millones de euros que en los años zapatéticos recibían para los cursos de formación, gran parte de ellos por cierto una camelancia más, que afecta también, y hay que denunciarlo así y con máxima energía, a las patronales.
Las cuentas claras. Las subvenciones transparentes. Las trapisonderías al descubierto. Y cuanto antes una ley que obligue a la regeneración democrática de los sindicatos: «Ninguna central sindical podrá gastar un euro más de lo que ingrese por las cuotas de sus afiliados».
El trabajador medio ha reaccionado ya contra la matonería sindical. Se ha dado cuenta de que en demasiadas ocasiones los sindicatos prefieren que la empresa cierre si no se pliega a sus exigencias, lo que deja a los empleados en la puta calle. José Luis Feito, presidente del Instituto de Estudios Económicos, ha demostrado que tal vez el 50% del paro deriva de esas exigencias desmesuradas de los sindicatos. Y como en la empresa privada el control sindical pierde fuerza, Méndez y Toxo se refugian en la empresa pública, poniendo en marcha la interminable caravana de huelgas y manifestaciones que desangran la economía española.
Los sindicatos son imprescindibles en la democracia pluralista plena. No se trata de suprimirlos sino de embridar sus abusos. Es necesario desembarazar a España de las cadenas sindicales que nos asfixian. No sé si Mariano Rajoy será el hombre capaz de poner en su sitio a los sindicatos. Debería el presidente del Gobierno leer las Memorias de Margaret Thatcher. Aprendería muchas cosas y tal vez se decidiera a enfrentarse con el chantaje al que le someten los sindicatos. Aquella dama, por cierto, tenía los cojones muy bien puestos; unos cojones, que no eran de hierro, sino de acero inoxidable.
