Algo falla - Miguel Ángel García-Mochales
Andaba leyendo a primera hora la mañana el periódico
-una sana costumbre que les animo a mantener- y me encontré con dos informaciones que reflejan a la perfección el país que estamos permitiendo construir. Y, la verdad, no sé a ustedes, pero a mí no me gusta ni un pelo.
La primera de ellas tenía entidad suficiente como para abrir la primera plana. Contaba que los hosteleros salmantinos se las ven y se las desean para encontrar un camarero o un cocinero este verano, cuando en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl) hay inscritos en nuestra provincia 1.589 desempleados con experiencia en el arte de mover la bandeja, 318 que saben lo que son los fogones de un restaurante y otros 1.260 que ya habían trabajado de pinches. No me lo podía creer. El presidente de la asociación que aglutina a los bares, casas de comidas y alojamientos varios se quejaba amargamente de que se trata de una situación endémica en el sector y aseguraba que mantenía conversaciones con el Ecyl para atajar el problema. Iluso de mí, no entendía la necesidad de tanta palabrería. Existe un compromiso de actividad que todo parado debería cumplir, de tal forma que si rechaza tres posibles ofertas de trabajo puede perder su prestación por desempleo. Por lo que se ve, hay mucho especialista en letra pequeña -aunque no venga en su currículum-, que sabe desenvolverse como pez en el agua en seguir cobrando del erario público mientras se pone de perfil y silba cuando aparece un empleo.
A tenor de lo que decía el reportaje, no es el único sector en el que ocurre tal disparate. En la construcción la economía sumergida campa a sus anchas. Los representantes del ladrillo claman a la Inspección de Trabajo para que destape a quienes están cobrando prestaciones mientras completan sus ingresos con “chapuzas”. Y en la agricultura sucede otro tanto de lo mismo.
La segunda tenía un tinte humano más dramático. Narraba las desventuras de un grupo de vecinos de un edificio de la urbanización ‘La Reguera’ situda en Nuevo Naharros, que han vivido un auténtico calvario durante los últimos cuatro años. Compraron sus pisos, con toda la ilusión del mundo, en un complejo con amplias zonas verdes comunes y piscina. Un sueño. Poco podían sospechar que a finales de 2015 iban a sufrir la visita de los ‘okupas’. Hubo un momento en el que más de la mitad de las personas que vivían en la urbanización eran familias que, entre sus aficiones, destacaba el destrozo sistemático de zonas comunes, el enganche ilegal de la luz, el agua y el gas, e incluso el robo. Hasta 43 denuncias llegaron a poner los pobres vecinos ante la Guardia Civil. De pagar 30 euros al mes de Comunidad pasaron a abonar casi 200 porque hizo falta hasta contratar seguridad privada. Por fortuna, la historia tiene un final feliz y, después de cuatro largos años, han podido resolver la situación.
Ambos ejemplos constituyen una prueba evidente del funcionamiento de nuestra Administración. ¿Cómo se come que en un país con una tasa de paro de casi el 16 por ciento no se encuentre en las oficinas de empleo a determinados trabajadores? ¿En qué cabeza cabe que se proteja más al delincuente que al ciudadano de a pie cumplidor?
Solo encuentro una explicación posible. Que nuestras autoridades, esas que acceden a un empleo temporal al servicio del ciudadano, que muchas convierten en permanente al servicio propio, tienen otras preocupaciones. Prefieren enzarzarse en cuestiones de gran calado, que cambiarán sin duda el rumbo de la Humanidad. Temas tan interesantes como debatir si debemos emplear la palabra patria o matria -ya la usó Unamuno, por cierto-, o si el régimen tiránico cubano es una dictadura -parece evidente- o no. Todo con tal de no trabajar en los problemas reales que tiene la gente. Y así nos luce el pelo.
